Cuando María, dueña de un pequeño puesto de antojitos en Ensenada, escuchó sobre un programa para formalizar su negocio, pensó que no era para ella. “Yo vendo para el día, ¿qué voy a hacer con papeles y trámites?”, decía. Sin embargo, cuando accedió a un microcrédito con tasa baja, recibió capacitación y pudo abrir una pequeña cocina registrada formalmente, algo cambió: ahora tiene tres empleos fijos, vende a restaurantes locales y hasta paga aguinaldos.
En México, la informalidad no es caos: es un sistema alterno, una economía paralela que opera a plena luz del día, con sus propias reglas, liderazgos y cadenas de control. No rinde cuentas al Estado, pero sí a redes locales de poder y corrupción. Funciona… pero sin ley, sin seguridad y sin derechos, ofreciendo ingresos inmediatos a cambio de un futuro incierto.
Su raíz está en el abandono institucional. Emprender formalmente significa atravesar un laberinto de trámites, soportar cargas fiscales que pueden absorber hasta la mitad de los ingresos y enfrentar una burocracia que desalienta la legalidad. El resultado: más del 53% de la población ocupada —+33 millones de personas— sobrevive en la informalidad, generando el 25% del PIB. Es un México productivo, pero invisible.
Para millones, no es una opción, es la única salida. Para otros, es una decisión calculada: si el Estado no protege, ¿por qué cumplirle? Así, la legalidad, que debería ser un camino al desarrollo, se ha convertido en una cuesta arriba que castiga a quien intenta hacer las cosas bien.
Mientras tanto, quienes cumplen —pagando impuestos, creando empleo y acatando normas— compiten en desventaja frente a un mercado donde incumplir es más rentable que obedecer. Y lo más grave: la informalidad ya no es marginal; es un sistema consolidado con mecanismos propios de gobernanza.
Pero transformar esta realidad es posible. La estrategia es clara:
1. Reducir los costos de permanencia en la formalidad, con incentivos fiscales y esquemas proporcionales al tamaño de cada negocio.
2. Acompañamiento territorial y digital, llevando trámites simplificados, asesoría y capacitación a cada comunidad.
3. Integración productiva, conectando negocios familiares y microempresas con cadenas de valor y nuevos mercados.
Formalizar no significa perder independencia; significa acceder a crédito, protección social, mercados más amplios y estabilidad para crecer. No se trata de castigar al que emprende en la calle, sino de darle razones y facilidades para dar el salto.
Creemos que un país crece cuando todos sus emprendedores —formales e informales— tienen la oportunidad de prosperar. Y que la verdadera competencia es contra la pobreza y la desigualdad, no entre quienes cumplen y quienes no.
Millones de dueñas y dueños de negocios familiares esperan condiciones justas para competir, crecer y generar empleo digno. Si queremos un México más próspero, justo y competitivo, debemos construirlo juntos: fortaleciendo a cada negocio en cada comunidad, con reglas claras y un Estado que incentive, acompañe y reconozca el esfuerzo.
María ahora dice: “Formalizarse fue como abrir otra puerta… pero esta vez, al futuro”. Y esa es la puerta que queremos que todos los emprendedores de México puedan cruzar.
