Ante la reacción de los partidarios del régimen por la sentencia —o mejor dicho, sentencias— que se dieron en contra de los intereses de Ricardo Salinas Pliego en días recientes y que festinaron dichas decisiones como si fueran de su interés, es pertinente matizar y visualizar con cabeza fría las consecuencias de la conformación del nuevo “poder judicial” —así, con minúsculas—.
Para aquellos fanáticos irreflexivos o pagados del gobierno y de la 4T, que consideran este fallo como algo “histórico” porque finalmente se hizo justicia pareja sin importar si se es rico o pobre, tengo que decirles que están equivocados.
La misma mediocridad y falta de rigor técnico que se muestra en la “suprema corte de justicia de la nación” —así con minúsculas también— al resolver casos, ha permeado a todos los niveles, afectando, como es fácil imaginarse, a los más pobres.
Como consecuencia de la llamada reforma judicial, en que los impartidores de justicia fueron metidos a la política a la fuerza por la necedad y el revanchismo de un acomplejado López Obrador, los jueces —o personas juzgadoras, como pomposamente se les llama ahora— están aprendiendo que cuando se compite por un puesto, deben dar resultados porque sus propios electores tienen la capacidad de correrles de su trabajo cuando se desempeñan de manera inadecuada, indolente y arrogante.
No solamente deben exigirles resultados, sino que también tienen el derecho de divulgar su mal trabajo para que sea del conocimiento de los posibles electores. Para muestra, un botón que le contaré y que sucedió en Naucalpan, Estado de México.
Resulta que una mujer de escasos recursos, trabajadora del hogar, ejerciendo el derecho que le dan las leyes de demandar el divorcio, así como sustento para sus dos hijas —responsabilidad que comparte con el padre—, simplemente se tuvo que joder porque resulta que la juez que conoció de la demanda decidió que dicha persona no tiene el derecho de divorciarse y debe permanecer casada con su cónyuge, quiera o no quiera, por una razón que es una verdadera estupidez.
Resulta que la protagonista de esta historia no fue capaz de acreditar que la vivienda que se adquirió durante el matrimonio sea de su propiedad. Esta mujer, de muy escasos recursos, lo único que pudo aportar fueron copias simples de las escrituras.
La juez consideró como una violación “tremenda” el que esta mujer no tenga copias certificadas de sus escrituras, así que simplemente no le dio curso a la demanda de divorcio porque, en su criterio, es más relevante acreditar la propiedad de un inmueble que el derecho de toda mujer de dar por terminada una relación de matrimonio en que no desea continuar y de solicitar pensión alimenticia para sus hijas.
Esta lamentable situación se dio en el Juzgado Cuarto Familiar del distrito judicial de Tlalnepantla con sede en Naucalpan, Estado de México, y lo peor de todo es que, para la jueza en cuestión, no tuvo importancia la petición principal de la demandada, que era justamente dar por terminado el vínculo matrimonial.
La juez Lucelly de los Ángeles Santín Cuevas privilegió el formalismo sobre la propiedad de un inmueble, por encima del derecho que tiene una mujer para solicitar su divorcio y la pensión para sus hijas, condenándolas a seguir viviendo con quien no quieren porque no tienen dinero para copias certificadas.
¿No hubiera sido lo más congruente y en un ánimo de hacer justicia dejar a salvo los derechos sobre la propiedad para hacerlos valer en un procedimiento posterior o en la vía incidental al tiempo que se admitía la parte relativa al divorcio? Parece ser que, en el Estado de México, donde gobierna una mujer —la gobernadora Delfina Gómez—, la justicia es para los ricos, que tienen los medios de cumplir caprichos de juzgadores.
Por lo tanto, la protagonista de nuestra historia está condenada a seguir casada con un hombre al que no quiere ni desea continuar con él, en tanto no tenga dinero para conseguir copias certificadas de una escritura de un inmueble, que, en estricto sentido, no tiene nada que ver con el divorcio.
Así la justicia en tiempos de la 4T, así la justicia impartida por juzgadores metidos a políticos. Pero eso sí, siguen jorobando con que para ellos, primero son los pobres. Vaya farsa.