De 2020 a 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha documentado 59 desapariciones forzadas de defensores de la tierra y el medio ambiente, un fenómeno que el grupo de trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas y no Involuntarias (GTDFI) responsabiliza al Estado, empresas transnacionales y al crimen organizado.
Al presentar el informe Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y medio ambiente, Gabriella Citroni, presidenta del GTDFI, explicó que la desaparición de defensores ambientales tiene una peculiaridad: hay entes privados detrás en muchos casos y eso dificulta la imputación de responsabilidades, pues cuando una desaparición es cometida por el Estado hay más posibilidades de ejercer alguna acción.
Indicó que la población defensora del medioambiente es extremadamente vulnerable, pues en la mayoría de los casos pertenece a pueblos indígenas, y por lo tanto tiene una tasa de impunidad absoluta.
En caso de México, el informe destaca que “la impunidad de las desapariciones forzadas en México, junto con la presunta participación del crimen organizado y el aumento de la violencia contra los defensores, es muy preocupante, así como la violencia contra los pueblos indígenas”.
Citroni dijo que la jurisdicción también representa un obstáculo, pues si una empresa canadiense es señalada de desaparición forzada en algún país en el que tenga operaciones, va a ser muy complicado que haya algún avance en la investigación o en la imputación de responsabilidades.
Agregó que a nivel global no hay estadísticas oficiales de desaparición de defensores de la tierra y el medio ambiente y sólo existen las de asesinatos, lo que, advirtió, contribuye a invisibilizar el fenómeno.
En tanto Mercedes Ruiz, integrante del colectivo Familiares Caminando por la Justicia, señaló que, si bien no ha concluido el año, se “han incrementado las desapariciones contra personas defensoras de la tierra, territorio y del ambiente y se han incrementado también los asesinatos y desapariciones contra personas buscadoras”, por lo que urgió a las autoridades a tomar acción.
El informe advierte que las desapariciones de defensores ambientales “disuaden a otras personas de alzar la voz contra las injusticias ambientales, desmantelan redes de activismo comunitario y debilitan espacios cruciales de debate público”.
