En diversas ocasiones me han preguntado si México necesita una nueva Ley Aduanera para modernizar su marco legal y armonizarlo con los instrumentos jurídicos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La respuesta no es simple, pero sí necesaria.
Nuestro sistema aduanero, desde el punto de vista tecnológico e infraestructural, es uno de los más avanzados del mundo. Sin embargo, hablar de una “ley aduanera moderna” implica mucho más que equipamiento o plataformas digitales. Involucra una transformación profunda del papel que juegan las aduanas como entidades fiscales, administrativas y estratégicas del Estado mexicano.
Una legislación aduanera verdaderamente moderna debe integrar aspectos fundamentales como la facilitación del comercio, la competitividad del país, la capacitación constante del personal, el despacho inteligente, el apoyo a las exportaciones, la simplificación de procedimientos, el respeto a los derechos humanos y económicos de los usuarios, y la cooperación internacional.
También debe contemplar el perfeccionamiento de figuras como el agente aduanal, el uso eficiente de sistemas de gestión de riesgo, la eliminación de trabas innecesarias y sanciones desproporcionadas, así como el establecimiento de políticas públicas transexenales, sólidas y, sobre todo, libres de corrupción.
En ese contexto, el gobierno federal ha impulsado en las últimas décadas diversas reformas a la Ley Aduanera vigente desde el 1º de abril de 1996 —que sustituyó a la anterior de 1981— con el fin de modernizar y hacer más competitivas a las aduanas.
No obstante, a pesar de estas reformas (la más reciente publicada el 12 de noviembre de 2021), el marco normativo actual presenta signos claros de obsolescencia y desarticulación, resultado del dinamismo del comercio internacional y de los avances tecnológicos en materia aduanera.
Ahora bien, publicar una nueva Ley Aduanera por sí sola no resolverá los problemas estructurales. Lo verdaderamente prioritario es que dicha legislación esté articulada con otras normas y regulaciones, y que su aplicación sea clara, coherente y eficaz. Por ello, he propuesto reiteradamente que México se adhiera a la versión revisada del Convenio de Kyoto, en vigor desde 2006.
Este instrumento internacional representa una guía efectiva para la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros, y puede ayudar a eliminar la actual dispersión normativa y de competencias entre autoridades del sector, que tanto desconcierto genera entre los operadores del comercio exterior.
Las aduanas mexicanas, como ocurre en el caso de Port Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya han comenzado a redefinir sus funciones para adaptarse a un entorno global cada vez más impulsado por la tecnología, el análisis de datos y la inteligencia artificial.
Pero no basta con desplegar militares o marinos en las instalaciones aduaneras, ni con cambiar el nombre a la ley o publicar una “dizque” nueva.
Lo que realmente se requiere es una visión integral y transparente del sistema aduanero nacional, la cual debe construirse con la participación activa de empresas, agentes aduanales, cámaras, y organismos públicos y privados.
Debemos trabajar juntos para mejorar tanto la legislación como la operación cotidiana en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres del país, para que las aduanas dejen de causar retrasos y trabas innecesarias, y si para que operen con reglas claras que favorezcan la inversión y el crecimiento económico.
Hoy más que nunca, México necesita aduanas modernas y eficientes. Pero eso empieza, más que con una nueva ley, con una nueva forma de entender su propósito y funcionamiento.
El autor es Socio-Director de CS ENCOR y Asociado del programa Port-Laredo.
Mail: ptrejo@csencor.com